El retiro del subsidio al diésel en Ecuador: impacto en el sector portuario

El anuncio del presidente Daniel Noboa sobre el retiro del subsidio al diésel, oficializado el 13 de septiembre de 2025, ha generado reacciones inmediatas en sectores como el transporte público y el gremio de camioneros. Sin embargo, una dimensión menos visible es el impacto que esta medida puede tener sobre el sector portuario y logístico del país.

El incremento del precio del galón de diésel de $1,80 a $2,80 representa un alza del 55,6%, que afecta directamente a la maquinaria portuaria, los vehículos de transporte interno, las grúas y los montacargas que operan en los principales puertos del país. Aunque el gobierno ha ofrecido compensaciones focalizadas para transportistas, el sector logístico privado y los operadores portuarios han quedado fuera de ese esquema, generando incertidumbre sobre cómo absorberán el nuevo costo operativo.

“El diésel es el combustible que mueve la cadena logística del país. Desde el transporte terrestre hasta la operación portuaria, todo está interconectado. Un aumento de esta magnitud sin una estrategia diferenciada puede tener efectos en cascada sobre la competitividad de nuestras exportaciones”, advierte Francisco Parra, analista económico citado por el portal de noticias Primicias.

Ecuador compite en mercados internacionales con productos sensibles al precio logístico, como el banano, el camarón y la manufactura ligera. Un incremento en los costos de transporte —sin mejoras en eficiencia o compensaciones sectoriales— podría debilitar la posición del país frente a competidores como Perú y Colombia, donde los subsidios energéticos se han retirado de forma más gradual o con esquemas de transición.

Además, el transporte multimodal, que incluye rutas terrestres, marítimas y fluviales, se verá afectado por el encarecimiento del combustible. Esto podría traducirse en ajustes tarifarios que impacten directamente al exportador, al importador y, eventualmente, al consumidor final. En este contexto, gremios como la Cámara Marítima del Ecuador y la Asociación de Terminales Portuarios aún no han emitido pronunciamientos públicos, lo que evidencia una preocupante falta de articulación intersectorial.

El gobierno ha defendido la medida como parte de una estrategia para reducir el déficit fiscal y combatir el contrabando de combustibles, que, según cifras de El Comercio, ha representado pérdidas de más de $1.200 millones en los últimos cinco años. Sin embargo, la ausencia de una política de transición para sectores estratégicos como el portuario podría generar efectos adversos no previstos.

Expertos recomiendan que los operadores portuarios revisen sus estructuras tarifarias para evitar trasladar el impacto completo al exportador, y que se promueva la inversión en maquinaria híbrida o eléctrica como medida de mitigación a mediano plazo. Además, se plantea