Sector portuario de graneles en estado crítico en Ecuador

ANÁLISIS

La Terminal Granelera Multipropósito (TGM) de Guayaquil enfrenta semanas decisivas: la concesión de Andipuerto expira el 26 de noviembre de 2026 y aún no se ha convocado el concurso público para adjudicar un nuevo operador. La falta de definición amenaza con un cuello de botella logístico en el puerto más importante para el ingreso de granos básicos en Ecuador.

El sector portuario de graneles en Ecuador se encuentra en un punto de inflexión que revela la urgencia de decisiones estratégicas y la fragilidad institucional en la gestión de concesiones. La Terminal Granelera Multipropósito (TGM) de Guayaquil, operada por Andipuerto desde 1999, está a semanas de la conclusión de su contrato, previsto para noviembre de 2026.

Sin embargo, la Autoridad Portuaria de Guayaquil (APG), responsable de convocar el concurso público bajo supervisión del Ministerio de Infraestructura y Transporte, aún no ha lanzado el proceso de adjudicación.

Expertos advierten que la definición podría tardar al menos 36 meses, un lapso que amenaza con dejar al país sin claridad sobre la continuidad de un servicio esencial.

La paradoja es evidente: mientras la demanda de graneles sigue creciendo, la oferta portuaria permanece estancada. Andipuerto ha presentado propuestas de inversión para ampliar bodegas y construir un muelle adicional, pero estas iniciativas no han sido aprobadas en función de la convocatoria que no termina de realizarse.

El concesionario, pese a operar con un solo muelle, ha mantenido estándares destacados y movilizado volúmenes récord de carga, que, según datos oficiales lo ubica como el principal punto de entrada de granos básicos para la industria camaronera y avícola, en un contexto de alta presión logística que no ha impactado los resultados.

La falta de convocatoria genera incertidumbre en los importadores y exportadores y expone al país a un posible “shock logístico” similar al que ya afecta al Puerto de Guayaquil, donde la congestión y la indefinición de plazos han debilitado la competitividad.

El tiempo del período de transición bien se podría aprovechar para ejecutar obras urgentes y no dejar al sistema atrapado en la espera de un concurso que no llega.

El caso de la TGM se convierte así en un espejo de las tensiones regionales: mientras en Colombia la reversión estatal de Buenaventura mostró los costos de la discontinuidad, en Ecuador la discusión gira en torno a cómo garantizar la continuidad para evitar riesgos en la seguridad alimentaria y en la estabilidad del comercio exterior. La lección es clara: la política portuaria no puede reducirse a plazos administrativos, sino que debe priorizar la inversión y la certeza operativa.

En definitiva, la TGM representa un activo estratégico cuya indefinición actual pone en evidencia la necesidad de una política de Estado que asegure continuidad y modernización. La ventana de 36 meses no debería ser vista como un tiempo muerto, sino como una oportunidad para ampliar infraestructura y fortalecer la competitividad. Contar con una TGM hará que Ecuador mantenga su posición en el mercado regional de graneles y evite que la inacción se traduzca en un cuello de botella para toda su economía.