Preguntas abiertas alrededor de Nabiltop y el Quinto Puente

La discusión sobre el Quinto Puente de Guayaquil involucra más allá de infraestructura, movilidad y competitividad logística. Abre una pregunta de interés público: quiénes han impulsado la obra, qué actores privados podrían beneficiarse de una nueva conexión vial y qué antecedentes empresariales o portuarios deben ser revisados con transparencia.

Uno de los nombres que aparece en esa conversación es el de Pablo José Rizzo Torres, expresidente del Directorio de la Autoridad Portuaria de Guayaquil. Rizzo fue designado en 2021 como delegado presidencial para presidir la APG, institución clave para la administración y articulación del sistema portuario de Guayaquil.

Su perfil público lo presenta como un profesional vinculado durante años al sector marítimo-portuario: ingeniero comercial, con formación en administración marítima, experiencia en fletamento de buques, agencias navieras, inspección de cargas al granel y paso por entidades públicas como FLOPEC y Astinave.

Desde esa trayectoria, Rizzo ha defendido públicamente la necesidad del Quinto Puente. En entrevistas y espacios mediáticos ha planteado que la obra es urgente para Guayaquil y para el comercio exterior, al tratarse de una conexión que podría reducir tiempos logísticos, descongestionar rutas y facilitar el movimiento de carga hacia zonas industriales y portuarias.

El punto de interés público no está en que un exfuncionario defienda una obra de infraestructura. Eso forma parte del debate legítimo sobre desarrollo. La pregunta periodística surge cuando esa defensa coincide con menciones públicas sobre un actor privado: Nabiltop S.A.

Nabiltop S.A. aparece en registros empresariales como una compañía ecuatoriana constituida en 2011, con sede en Guayaquil y actividad registrada en servicios relacionados con la agricultura. Además, documentos municipales del cantón Durán muestran que en 2025 el Concejo Municipal aprobó la integración o unificación de los lotes No. 99 y Nabiltop 1, ubicados en el predio rústico denominado “Sitio Nuevo”, a favor de la compañía Nabiltop S.A.

Ese dato territorial cobra relevancia porque el Quinto Puente y sus accesos están pensados como una obra de conexión logística entre Guayaquil, Durán y zonas de movimiento productivo. En ese contexto, cualquier predio privado ubicado en áreas de influencia de la nueva conectividad puede adquirir mayor valor estratégico, especialmente si está asociado a actividades de carga, almacenamiento, servicios agrícolas o eventuales operaciones portuarias.

En redes sociales, cuentas especializadas en temas portuarios han señalado que Nabiltop funcionaría como terminal portuario privado y que habría obtenido un permiso de operación durante la presidencia de Pablo Rizzo en la Autoridad Portuaria de Guayaquil.

Esa afirmación, sin embargo, requiere ser contrastada con documentos oficiales: una resolución de permiso, una autorización de operación, informes técnicos, actas de inspección o registros de la autoridad competente. Hasta ahora, la información pública revisada permite identificar el señalamiento, pero amerita una verificación documental completa.

También existe una línea adicional de revisión vinculada al apellido Rizzo y a Ecuagran. Un informe de administración de Ecuatoriana de Granos S.A. Ecuagran, correspondiente a 2009, menciona a Juan Pablo Rizzo como perito designado para presentar un informe técnico de avalúo de activos fijos. Este dato no prueba por sí solo un conflicto de interés ni una relación directa con decisiones portuarias posteriores. Pero sí forma parte de un mapa de actores que merece ser aclarado si existen vínculos familiares, profesionales o empresariales con quienes participaron en decisiones públicas relacionadas con puertos, permisos, infraestructura o conectividad logística.

La investigación, por tanto, no debe plantearse como una acusación, sino como una revisión de hechos verificables. Rizzo fue autoridad portuaria. Rizzo ha defendido el Quinto Puente. Nabiltop S.A. tiene registros societarios y prediales relevantes en Durán. Existen publicaciones de diferentes medios digitales que la relacionan con una operación portuaria privada cuya autorización debe ser documentada. Y un informe de Ecuagran menciona a Juan Pablo Rizzo en una función técnica de avalúo.

La pregunta de fondo es institucional: ¿Qué información pública existe sobre los permisos otorgados a Nabiltop?, ¿en qué fecha se emitieron?, ¿Qué autoridad los aprobó?, ¿Qué tipo de operación autorizaban?, ¿Cuál es la ubicación exacta de los predios frente al trazado del Quinto Puente?, ¿hubo análisis de potenciales conflictos de interés?, ¿y existen vínculos familiares o empresariales que deban transparentarse?.

El Quinto Puente es una obra necesaria para Guayaquil y para el comercio exterior. Precisamente por su importancia, el debate debe estar acompañado de trazabilidad. Cuando una infraestructura pública puede modificar el valor logístico de predios privados o beneficiar a determinados operadores, la transparencia no es un ataque: es una condición mínima para proteger la legitimidad del proyecto.