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Contecon responsabiliza a Autoridades y Empresas por pérdidas en la Industria Portuaria


Contecon
Contecon - Tomado de Radio Huancavilca

En un oficio enviado por el gerente de Contecon al Ministro de Transporte y Obras Públicas, la empresa concesionaria apunta directamente a la Autoridad Portuaria de Guayaquil (APG) y al Estado ecuatoriano, responsabilizándolos por la pérdida de cargas y facturación. En el documento, Contecon apunta a autoridades y grandes empresas de la industria de tener responsabilidad de las salidas de las navieras Maersk y MSC.


Acusaciones de Prácticas Desleales y Desigualdad Competitiva


En su comunicado, Contecon no solo señala a la APG y al Estado, sino que también apunta sus dedos acusadores hacia Dole y MSC, acusándolos de prácticas desleales. La integración vertical de Dole es mencionada como causante de perjuicio para Contecon. Además, la empresa califica las acciones de las autoridades y estas empresas como condiciones de desigualdad con otras terminales, especialmente la “preferencia” de APG por DP World Posorja.


Contecon afirma que esta situación ha incidido en la no renovación de contratos con navieras como MSC y Maersk.



Solicitudes a la APG


Frente a esta situación, Contecon ha presentado dos solicitudes a la APG, buscando mejorar sus condiciones y mantener su competitividad en la industria portuaria.


Manejo de Cargas al Granel: Una de las solicitudes de Contecon está relacionada con el manejo de cargas al granel. Sin embargo, expertos en la industria señalan que la falta de infraestructura y experiencia en este ámbito podría ser un error estratégico para Contecon. Aunque la empresa busca diversificar sus operaciones, ningún terminal de ICTSI a nivel global opera graneles y su historial en el manejo de carga “core” presenta un mal desempeño.


Reducción de Cánones y Contraprestaciones: La otra solicitud de Contecon es una reducción significativa de cánones y contraprestaciones al 1% de su facturación. Especialistas consideran esta petición como "justa". Sin embargo, argumentan que la concesión en el 2007 ya se otorgó con un negocio en marcha, cuestionando la justificación de dicha reducción.

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